¿Qué experiencia tiene JP Planning y quiénes son sus clientes?

JP Planning nació hace 25 años con el propósito de ofrecer servicios de gestión predial para proyectos mineros, energéticos, petroleros y eléctricos. Hemos trabajado con casi todas las principales empresas del sector, participando en proyectos como Quellaveco, Chinalco, Minera Corona, Las Bambas y La Arena. Nuestra experiencia abarca desde la exploración, con proyectos como AntaKori de Regulus Resources y La Granja de FQM, hasta la operación minera, con relaciones duraderas con empresas como Chinalco y colaboración con Southern en Tía María.

¿Cómo perciben la recuperación del mercado?

Sin duda, se siente más movimiento que el año pasado. El mercado está cambiando porque surgen nuevas ideas, aumentan los requerimientos y vemos ampliaciones o reinicios de proyectos que estuvieron suspendidos. Estos cambios nos dan señales positivas, especialmente siendo una empresa que trabaja en las fases iniciales de los proyectos, donde cada nueva oportunidad abre la puerta a seguir creciendo y aportando valor desde la planificación.

¿Qué son los estudios prediales y cuál es su importancia?

Antes de iniciar cualquier proyecto, es fundamental conocer a fondo los derechos existentes sobre el área involucrada. Desde 1999, realizamos “estudios de derechos” que analizan la propiedad, concesiones mineras, forestales, acuícolas y cualquier otro derecho relevante. Evaluamos posibles incompatibilidades entre ellos para anticipar desafíos y diseñar un plan sólido de adquisición de terrenos, ya sea para proyectos mineros en superficie o proyectos lineales como carreteras, reservorios o líneas de transmisión eléctrica.

Este estudio es más detallado que el análisis incluido en los estudios ambientales, ya que profundiza en las estrategias necesarias para asegurar los derechos según el tipo de terreno: comunal, privado, estatal o no registrado. A partir de esa información, creamos un plan de adquisición que guía cada paso del proceso. Con la evolución del marco legal peruano, que ahora integra estos estudios en las evaluaciones ambientales, ampliamos nuestro alcance para incluir análisis sociales y ambientales, lo que, a su vez, nos ha permitido seguir aportando valor.

¿Qué cambios regulatorios mejorarían la gestión catastral en Perú?

La tecnología para resolver los problemas catastrales ya existe, pero el verdadero desafío radica en la regulación y la fragmentación de la función pública. En Perú, distintas entidades  generan catastros que muchas veces no coinciden entre sí, creando un laberinto de información contradictoria. Para agravar la situación, los gobiernos regionales tienen la facultad de modificar catastros sin notificar a los propietarios, basándose en criterios técnicos que pueden ser discutibles. Un terreno registrado puede estar desplazado decenas de metros, generando conflictos con ocupantes o propietarios colindantes. Nuestros trabajos de catastro e inventario corrigen estas discrepancias, minimizando futuros problemas. Así, cuando el dueño del proyecto decida ocupar el área, lo hará con mayor seguridad y menos sorpresas en el camino.

Sería fundamental que el Estado rediseñara el sistema de propiedad superficial, estableciendo normas claras sobre cuándo y cómo se pueden hacer modificaciones catastrales. Unificar criterios y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles permitiría mayor seguridad jurídica y dinamizaría la inversión en los sectores minero y de infraestructura.

¿Qué implicaciones tienen los proyectos de reasentamiento de población a gran escala en la minería? 

En Perú las experiencias con reasentamientos a gran escala son limitadas. El desarrollo minero está directamente ligado a la disponibilidad de terrenos superficiales y estos suelen estar ocupados.  Nos gustaría participar más activamente en procesos de reasentamiento, sobre todo considerando los marcos de referencia internacionales como las normas de desempeño del IFC o del BID, que son muy útiles, pero a veces se sienten distantes de la realidad local.

En Perú la regulación está más orientada al sector de obras públicas, como la ampliación de carreteras, dejando un vacío para los proyectos privados que requieren reasentar poblaciones. Creemos que debería existir un enfoque intermedio que permita viabilizar los proyectos sin comprometer la calidad de vida de las comunidades, dentro de parámetros razonables. También promovemos la idea de que el reasentamiento no tiene que ser forzosamente en zonas colindantes a la operación minera, ya que la expansión futura podría reactivar conflictos. Proponer ubicaciones alternativas, evaluadas con sensatez, podría evitar problemas a largo plazo. Además, es clave analizar cada caso: hay personas que poseen tierras en la huella del proyecto, pero viven en otro lugar. En esos casos, tal vez un modelo de tierra por tierra no sea la mejor opción. Lo esencial es hacer evaluaciones cuidadosas para garantizar el desarrollo del proyecto y la estabilidad social a futuro.